Fiscalía incauta más de $1,6 millones de una red de corrupción relacionada con la obra pública en Manabí

Más de $1,6 millones en dinero en efectivo y cheques fueron incautados durante la operación Victoria 306, la cual se realizó el jueves último en la provincia de Manabí, para desarticular una red de corrupción relacionada con la contratación de obras públicas. La acción fue liderada por la Fiscalía y apoyada por varias unidades especiales de la Policía Nacional.

La mañana de este viernes, mediante una rueda de prensa virtual desde Manabí, el director nacional de la Policía Judicial, general Geovanny Ponce, explicó que desde el 11 de marzo pasado se venía realizando la operación Victoria 306 y concluyó ayer con la desarticulación de una organización delictiva dedicada a cometer delitos con servidores públicos, trabajadores municipales y un asesor de la Asamblea Nacional.

Según el general Ponce, las nueve personas detenidas en este caso, en los cantones manabitas de Bolívar y Pedernales, estarían involucrados en delitos como asociación ilícita, tenencia y porte de armas de fuego, cohecho, enriquecimiento ilícito. En los allanamientos se habría procedido a dar cumplimiento a órdenes de detención con fines investigativos emitidas por jueces competentes.

Los nueve detenidos habrían sido ingresados en la zona de aseguramiento transitorio de la unidad judicial de cada jurisdicción y ahí se mantendrán hasta que sean sometidos a la audiencia de formulación de cargos y calificacion de flagrancia.

En relación al tema, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que ya llevaban varios meses en esas investigación. La funcionaria explicó que se trata de una red vinculada a la obra pública, «que es una de las formas como le han robado al pueblo y a la provincia de Manabí desde hace muchos años en una situación muy delicada como fue la del terremoto y que se ha prolongado por años»

Romo explicó que una de las casas que fueron allanadas está relacionada con el asesor de un legislador y dijo desconocer si se ha dado algún allanamiento a la casa de un familiar de algún legislador. «Nadie tiene patente de corso y si es que hay que investigar a las personas cercanas, aliadas, allegadas o miembros del Gobierno, no será la primera vez que se enfrente el presidente Lenín Moreno y este Gobierno a este dilema».